Cuántas y cuantas veces me llaman por teléfono madres, padres, abuelas, tías…para pedirme cita para que se valore a un menor.
En ese momento lo primero que hago es preguntar en qué situación se encuentran los padres y muchas veces me dicen que divorciados, por lo que muy a mi pesar debo informar a esas personas que no puedo valorar a ese menor sin una firma en un consentimiento informado y a través de burofax del otro progenitor.
Parto de la base de que entiendo que hacer una valoración a un menor es algo muy importante y no es cosa de tomarlo a la ligera. Parto de la base de que, como en todo, se puede usar la información en beneficio o perjuicio de uno de los progenitores que se encuentran en plena batalla con el otro, aunque también parto de la base de que las madres y los padres, aún cuando ya no tengan una relación de pareja, siguen queriendo lo mejor para sus hijos.
Pero la mayoría de las veces me encuentro con niños que, según me informan, pueden tener problemas de ansiedad, o de habilidades sociales, o de miedos, o de fobias, o….de lo que sea que no tenga nada que ver con la situación de sus padres pero que uno de los dos «no ve» que el niño tenga ningún tipo de problema, por lo que no están de acuerdo en firmar ese consentimiento y por tanto, el menor se queda sin valorar, sin diagnosticar y sin tratar su patología porque si lo hago, puedo ser denunciada y con toda las de la ley.
Entiendo que la ley está para cumplirla, y así lo hago, pero me da rabia que no pueda atender a un niño o una niña que lo esté pasando mal porque sus progenitores no son capaces de ponerse de acuerdo, anteponiendo sus intereses o sus batallas personales al bienestar del menor y por tanto desprotegíendolos.
Pienso que algo hay que hacer, porque cada día crece el número de estos casos.
